Esta norma facilita el trato con los ciudadanos, alivia las cargas que se les imponen y acelera las respuestas que reclaman, según ha afirmado Blanco-Morales, quien ha mantenido que, con su aprobación, el Ejecutivo regional aspira a que quienes vivan en Extremadura disfruten de unos servicios públicos útiles y de calidad, y a que quienes deseen invertir en Extremadura encuentren en su Administración el más leal y eficaz acompañante.

La vicepresidenta primera ha destacado que sus preceptos posicionan a Extremadura como una región competitiva y capaz de aprovechar las oportunidades que abre un horizonte económico marcado por los desafíos medioambientales y tecnológicos.

La titular de Administración Pública ha destacado que esta norma es fruto del trabajo de un Gobierno que cree en lo público y cuyo empeño es optimizar el impacto en la ciudadanía de los servicios y políticas en que se materializa esta vocación pública.

La ley de medidas, ha matizado la vicepresidenta primera, interviene en todos los ámbitos competenciales que su título explicita y que alcanzan aspectos directamente relacionados con el fomento de la actividad empresarial y cuestiones que inciden en el modo en que opera la Administración, y que repercuten en su relación con ciudadanos y empresas.

En la primera categoría, y para el impulso de la actividad empresarial, se regulan los Proyectos Empresariales de Interés Autonómico y se refuerza la seguridad jurídica, la reducción de trámites y la rapidez de respuesta en materia medioambiental, de ordenación territorial y urbanística.

En materia organizativa y de procedimiento, se modifican nueve normas con un objetivo común, según ha explicado la vicepresidenta, que es lograr una mayor agilidad administrativa, entre ellas la Ley General de Hacienda Pública.

Del mismo modo, el proyecto de ley recoge medidas de carácter tributario, entre las que se encuentra la obligación de relación telemática de determinados impuestos; de modificación de la Ley de Renta Extremeña Garantizada, para, entre otras cuestiones, evitar demoras por la ausencia de apertura del presupuesto; sobre patrimonio, contratación y conciertos sociales, para flexibilizar requisitos, facilitar el trabajo y la eficacia de los órganos de gestión y agilizar la tramitación de expedientes.

También se contemplan medidas en la regulación de las subvenciones, en materia de personal y en otras normas para mejorar la prestación de los servicios públicos.

El último capítulo del proyecto de ley se dirige a la modificación de dos leyes tributarias, de forma que se rebaja el tipo de gravamen del bingo electrónico (del 25 al 20 por ciento), establecer el régimen sancionador del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero y realizar una limitada revisión de las tasas vigentes. Una revisión, ha asegurado la titular de Hacienda, que no se dirige a incrementar la presión fiscal, sino a actualizar sus elementos definitorios y cuantificadores.

Este proyecto de ley, que avanza en los estándares de utilidad y calidad de los servicios públicos, es resultado de un amplio proceso legislativo, iniciado en 2010 con la ley LINCE, en el que resalta la Ley para una Administración más ágil, y que culmina en esta legislatura con la Ley de Racionalización y simplificación Administrativa, y el que esta jornada se debate.