Unas 300 personas se han concentrado en la tarde de este miércoles, día 11, ante la sede de Muface en Badajoz convocadas por CCOO, UGT, ANPE, USO, Adide, USIE, UFP, Acaip y SIAT para reclamar un acuerdo en los seguros de asistencia sanitaria y que esta última sea de calidad para 1,5 millones de empleados públicos, unos 45.000 en Extremadura.

En la protesta, que también se ha celebrado a las puertas de Muface en Cáceres, se ha podido ver una lona de gran tamaño con el lema '¡Muface, solución ya! ¡Nuestra salud no es una mercancía! ¡No somos rehenes!', así como carteles como 'Por el futuro de Muface' o 'Muface sí' y pitidos, junto a proclamas como "Sí si sí Muface sí", "Con la salud no se juega" o "Los funcionarios no somos mercancías".

Durante la misma, representantes de ANPE y CCOO han leído un manifiesto en el que explican que la asistencia sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios está "seriamente comprometida" tras la renuncia de las aseguradoras a acudir al concierto sanitario de Muface.

Por un lado, exigen celeridad al Gobierno para cerrar un nuevo convenio y poner sobre la mesa un plan de viabilidad para la asistencia sanitaria del funcionariado público y, por otro, denuncian a unas aseguradoras "insaciables" que, con el argumento de que el modelo Muface está "infra financiado", quieren aumentar sus beneficios económicos "a costa del Estado" y "de la selección de riesgos". "Es decir, a costa de derivar a la sanidad pública los casos más graves y caros de atender", han señalado.

"Y, en medio, en un fuego cruzado, los y las mutualistas y sus beneficiarios, a los que, utilizados como rehenes, se les pone en riesgo su propia salud. Reclamamos a las aseguradoras la necesidad de alcanzar un acuerdo, priorizando la debida atención sanitaria de las personas mutualistas a réditos económicos que pusieran en peligro la nueva licitación", han asegurado.

También exigen que se concrete "lo antes posible" un acuerdo "estable, razonable y satisfactorio", que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos, en la que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, sino que, por el contrario, mejoren sus prestaciones, para lo cual utilizarán las medidas "de presión" que consideren oportunas.

CCOO, UGT, ANPE, USO, Adide, USIE, UFP, Acaip y Siat reclaman de este modo, tanto al Gobierno como a las aseguradoras, "una solución ya, un acuerdo que de tranquilidad y calma para su asistencia sanitaria a alrededor de 1,5 millones de personas". Además, exigen más transparencia por parte del Gobierno y de la propia mutualidad en todo este proceso y la participación de los sindicatos en el mismo.

ANPE Y CCOO

Antonio Vera, presidente de ANPE Extremadura, ha explicado en declaraciones a los medios que desde este sindicato de profesores y junto al resto de los representativos de los funcionarios públicos protestan este miércoles en todas las provincias de España por esta falta de acuerdo y entendimiento entre el Gobierno y las compañías aseguradoras y dado que se puede poner en peligro la cobertura sanitaria de más de 1,5 millones de mutualistas de Muface, 45.000 de ellos extremeños.

Así, ha pedido al Gobierno que, "cuanto antes, cierre un acuerdo para garantizar esta cobertura sanitaria" y a las compañías aseguradoras que "acepten una subida justa, no una subida desmedida, como ellos pretenden, puesto que al final eso influiría en los salarios de los funcionarios públicos, debido a un aumento en las cuotas que los funcionarios pagan a Muface".

"En esta lucha, en este fuego cruzado entre Gobierno y compañías aseguradoras, nos encontramos los mutualistas a los que se nos están poniendo en riesgo nuestra salud, puesto que ya muchas citas médicas, muchas pruebas, muchas operaciones e intervenciones quirúrgicas se están anulando", ha recalcado, "a pesar de que el Gobierno ha instado a que la cobertura sanitaria sea hasta el 31 de octubre del 2025".

También ha incidido en que los sindicatos presentes en esta protesta y representativos de los funcionarios públicos van "a luchar todo lo que sea posible" y van a poner "toda la carne en el asador para que se resuelva este problema". Y es que, como ha resaltado, si ese 1,5 millones de mutualistas quedara inmerso en la sanidad pública "podría suponer un colapso".

Por su parte, Lourdes Núñez, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura, ha aseverado que lo que piden desde este sindicato es que haya "una transición escalonada y justa entre un servicio y otro".

También que, mientras que se dote a la sanidad pública, para que sea "realmente de calidad", de los efectivos y recursos necesarios para que pueda asumir a las personas que "ahora parece que están en riesgo de terminar de tener una gestión sanitaria vía Muface", que se haga de una manera "escalonada, igual que se hizo la transición de clases pasivas al sistema general de la Seguridad Social".

Pero sobre todo, ha puesto el acento, "que se siga garantizando la calidad y la prestación del servicio, porque así están obligadas todas y cada una de las compañías aseguradoras que ahora han decidido no entrar en la licitación pública". El artículo 26 de la Ley de Contratación Pública, ha recordado, les obliga, si no hay ninguna licitación, a seguir prestando los mismos servicios con los mismos efectivos mínimo hasta el 31 de octubre.

"¿Con qué nos estamos encontrando? Con que nuestros usuarios, nuestros afiliados y nuestras afiliadas, están llamando y no están siendo ya atendidos con sus compañías, y eso es lo que no es de recibo, porque están obligadas mínimo hasta el 31 de diciembre y por ley, por licitación pública, hasta el 31 de octubre", ha recalcado, para remarcar que el Ministerio ya ha concertado una nueva licitación y que "se supone que va a haber un acercamiento de posturas".

Sin embargo, "lo que no se puede hacer" es utilizar a personas, como en el caso de esta protesta, que tienen enfermedades crónicas, de la tercera edad o jubilados, que eran clases pasivas, "que ahora es imposible que sus expedientes pasen de la noche a la mañana a un sistema general de salud pública, porque no está dotada suficientemente para poder asimilarlos a ellos y a sus familiares, personas que suelen tener enfermedades crónicas y tratamientos con sus médicos y sus especialistas".