Este año, en el Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas, invita a unirse al lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas” y llama a reforzar en todo el mundo la eliminación de las barreras estructurales que dificultan la igualdad ante la justicia, como leyes discriminatorias, protecciones jurídicas deficientes o determinadas prácticas y normas sociales que aún persisten.

Las desigualdades que persisten no responden únicamente a circunstancias individuales, sino que obedecen a estructuras sociales, económicas y culturales que reproducen roles y estereotipos de género. Resulta necesario, por tanto, reforzar las políticas públicas que incidan en la redistribución de oportunidades, recursos y tiempos, para avanzar hacia un modelo social que reconozca el valor económico y social de los cuidados y garantice su corresponsabilidad efectiva.

Asimismo, la violencia digital es una realidad creciente que afecta a niñas y mujeres de todas las edades y contextos. En el ámbito privado, se manifiesta a través del control de redes sociales, la vigilancia del teléfono móvil, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la amenazas, el acoso o la suplantación de la identidad. En el ámbito laboral la violencia digital se traduce en acoso a través de correos electrónicos o mensajería instantánea, comentarios sexistas en plataformas profesionales, control excesivo mediante herramientas editables, cuestionamiento público de la capacidad profesional o campañas de desprestigio online. El espacio digital debes ser un entorno seguro y libre de violencias y discriminaciones.

Además, en un contexto marcado por la influencia de las redes sociales en la construcción de referentes, se hace necesaria una reflexión crítica sobre la romantización de roles tradicionales de género, como el fenómeno tradwives, un engaño que se presenta desprovisto de implicaciones sociales, económicas o personales, por lo que resulta necesario, poner en valor las experiencias de mujeres de generaciones anteriores que vivieron en primera persona las limitaciones de los roles tradicionales, recuperar su memoria, aportando una perspectiva intergeneracional que enriquezca el debate y refuerce la importancia de no dar pasos atrás.

También, hoy, enfrentamos nuevos retos, como la desinformación que minimiza evidencias como las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres, la negación misma de la violencia machista y las desigualdades que aún persisten, suponen no sólo un grave peligro para seguir avanzando hacia la igualdad plena, sino un intento de revertir los avances conseguidos.

Pese a que en 2024 el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, ha confirmado que España se mantiene como el cuarto país más avanzado dentro de la Unión Europea, sólo por detrás de Suecia, Dinamarca y Países Bajos, hemos de mostrar también nuestra preocupación por los casos de acoso sexual en la esfera pública, que nos obligan a hacer un esfuerzo en reforzar los protocolos que garanticen espacios seguros para las mujeres.

Reafirma su compromiso con la Igualdad entre mujeres y hombres, reconoce que todavía existen desigualdades sistémicas que afectan a las mujeres y las niñas en nuestras comunidades y se compromete a abordarlas de manera activa y efectiva, incorporando el enfoque interseccional, atendiendo a las múltiples discriminaciones que pueden sufrir, por razón de origen, edad, discapacidad, situación socioeconómica, orientación sexual.
Defiende el derecho de las mujeres a construir su propio futuro y situarlas como sujeto histórico y partícipe en todas las esferas de la vida social y económica.
Invita a todas las entidades locales a integrar de manera transversal el principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas locales, reforzando la eficacia, la transparencia y la responsabilidad de las actuaciones públicas.
Reitera la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres (física, psicológica, sexual, digital, vicaria…) y de las situaciones de explotación vinculadas a la prostitución y a la trata de seres humanos, y se compromete a impulsar y recomendar a los ayuntamientos la aprobación y renovación de protocolos frente al acoso sexual, así como el fomento de espacios seguros para mujeres y niñas.
Reivindica la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente, estable y finalista para el desarrollo de políticas de igualdad, prevención de la violencia y atención integral a las víctimas.
Denuncia el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista, que daña de forma sustancial la percepción de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad plena y reafirmar el rechazo frontal a la violencia estructural que padecen las mujeres.
Recuerda y visibiliza a las mujeres de otros lugares del mundo, especialmente aquellas que son perseguidas y cuyos derechos se vulneran desde el propio Estado. Manifestamos nuestra petición a la comunidad internacional y a nuestros gobiernos para que hagan lo posible porque se garanticen las vidas y se restablezcan los derechos de las mujeres en las guerras, en las zonas de conflictos, las refugiadas y las asiladas.

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres exige no sólo la eliminación de la discriminación formal, sino también la garantía de condiciones materiales que permitan el ejercicio real de los derechos. Ello requiere políticas públicas activas, orientadas a reducir desigualdades y a fortalecer la cohesión social en nuestros municipios y provincia.