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El Pleno de la Diputación impulsa la primera red integral de electrolineras en la provincia con la aprobación del Plan MOVECA | Cáceres (Cáceres)
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UN TOTAL DE 53 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA TENDRÁN "ELECTROLINERAS"
El Pleno de la Diputación impulsa la primera red integral de electrolineras en la provincia con la aprobación del Plan MOVECA
23 de Diciembre | 16:30 - Redacción | Comentar
Cáceres, 23 de diciembre de 2020.- La Diputación cacereña ha aprobado hoy, en la última sesión plenaria de este año, el Plan de Movilidad del Vehículo Eléctrico de la Provincia de Cáceres (MOVECA), con el que se impulsa la creación de la primera red integral de electrolineras, a la que se destinará un presupuesto de 600.000 euros.

Con esta iniciativa, la diputación “continua con la firme apuesta de la Institución en favor de las energías limpias, algo en lo que ya se venía trabajando a través del programa URBANSOL”.

Con la aprobación del Plan MOVECA se procederá a la construcción de 44 puntos de recarga para vehículos eléctricos en distintas localidades de la provincia,.

Los municipios que entrarán dentro del plan son Vegas de Coria, Hoyos, Pinofranqueado, Ahigal, Cabezuela del Valle, Cañaveral, Zarza la Mayor, Aldeanueva del Camino, Salorino, Jaraíz de la Vera, Talayuela, Guadalupe, Miajadas, Torre de Santa María, Trujillo, Montehermoso, Coria, Navalmoral de la Mata, Hernán Pérez, Rosalejo, Tornavacas, Torrejoncillo, Arroyo dela Luz, Pozuelo de Zarzón, Jarandilla de la Vera, Malpartida de Plasencia, Galisteo, Mirabel, Madrigalejo, Aldea del Cano, Cedillo, Carbajo, Aliseda, Monroy, Torrejón el Rubio, Serrejón, Navalvillar de Ibor, Logrosán, Aldeacentenera, Villanueva de la Vera, Acehúche, Madroñera, Peraleda de San Román y Casar de Cáceres.

Estos puntos de recarga se sumarán a los 9 ya ejecutados a través del programa URBANSOL, que cuenta con 3 en Cáceres, y en  Alcántara, Navas del Madroño, Moraleja, Valencia de Alcántara y Valverde del Fresno.

Con los 53 se completará la primera red integral provincial, que contempla una infraestructura de recarga o cargador cada 50 km. en línea recta o un cargador cada 75 km. en carretera.

A este respecto, el portavoz del Equipo de Gobierno, Álvaro Sánchez Cotrina, ha manifestado que con este “plan tan ambicioso estamos dando un paso de gigante para conseguir avanzar en esa provincia sostenible en la que estamos trabajando de manera transversal”.

Entre otros objetivos, este plan pretende contribuir a aumentar el número de vehículos eléctricos hasta alcanzar el 10% del parque automovilístico de la provincia, es decir, llegar a una cifra cercana a los 30.000 vehículos eléctricos y 200 cargadores públicos.

Asimismo, también persigue facilitar la recarga a los visitantes fomentando el turismo sostenible en la provincia, y facilitar la recarga a las personas residentes en la provincia, fomentando el uso del vehículo eléctrico en ella.

    Además, los puntos de recarga se encontrarán visibles en las plataformas “electromaps” y “urbansol”, y serán accesibles para la mayoría de las aplicaciones de gestión de instalaciones de recarga de vehículos eléctricos.

Otro punto del orden del día del pleno de hoy que ha sido aprobado por mayoría ha sido la aprobación de la tramitación anticipada de un préstamo a largo plazo por importe de 30 millones de euros, que se destinarán a necesidades derivadas de la situación de pandemia.

 Tal y como explicó, ya en su día, el presidente en funciones de la Diputación, Carlos Carlos Rodríguez, se recurre a esta operación de crédito a un plazo de 10 años, para afrontar los efectos de la crisis sanitaria en los distintos municipios”.

Carlos Carlos ha recordado esta operación es posible gracias a que “la Diputación tiene capacidad para hacer frente a la misma debido a su buena situación económica, ya que en 2016 se amortizó toda la deuda que tenía la institución”.

El pleno ha aprobado también la firma de un convenio con la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el Servicio Extremeño de Salud y la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura para que sean los organismos autónomos de Recaudación y Gestión Tributaria de las diputaciones, los que se encarguen de gestionar el cobro de las sanciones por incumplimiento de las medidas de salud pública.

Finalmente, los tres grupos políticos han aprobado una moción consensuada para instar, por un lado, a la Consejería de Transición Ecológica “a establecer un diálogo con los alcaldes de los ayuntamientos del entorno de Monfragüe, y con los propietarios de los terrenos para consensuar, en el seno del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, un Plan de Acción que cuente con el apoyo mayoritario del Patronato”.

También se instará al Gobierno de España “a modificar la Ley 30/2014 de 3 de diciembre de Parque Nacionales, para que se autoricen acciones cinegéticas de control de ungulados y que se reglamente para que se pueda llevar a cabo, en caso de necesidad, por sobrepoblación o para controlar el riesgo de transmisión de enfermedades, como la tuberculosis”.

    Para cerrar la última sesión del año, el presidente en funciones ha querido despedir el año agradeciendo “a todo el personal de esta casa, también a diputadas y diputados, pero sobre todo al personal trabajador de la Diputación el esfuerzo y el trabajo que han hecho a lo largo de un año tan duro, y que gracias a ellos hemos podido estar a la altura para atender todo lo que nos ha venido reclamando la población”.

El PP, a favor de la caza en Monfragüe y en contra del crédito

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación, José Ángel Sánchez Juliá, ha mostrado su satisfacción por haber aprobado por unanimidad la moción para instar a modificar la ley que prohíbe cazar en el entorno del Parque Nacional.

En opinión de los populares, la actividad cinegética es fundamental para el control de las especies; para mantener la actividad económica y la fijación de población, y para la generación de puestos de trabajo.

Sin embargo, han expresado su rechazo a la operación de crédito aprobada hoy por 30 millones de euros, por entender que la Diputación es una institución saneada que cuenta con remanentes de tesorería y que, por lo tanto, no lo necesita.

Además, indicó Sánchez Juliá, que “esos 30 millones no van destinados a inversiones extraordinarias, sino al funcionamiento normal de la Diputación”.



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