El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha exigido a las autoridades sanitarias y sociales, de ámbito estatal y autonómico, que prioricen la aplicación de pruebas diagnósticas rápidas, cuyas remesas están llegando en estos momentos, a las personas con discapacidad que residen en instituciones colectivas y a los trabajadores que las apoyan y atienden, como población diana en riesgo extremo.

También, a las personas con discapacidad que viven en sus domicilios que por sus grandes necesidades de soporte reciben apoyos por parte de asistentes personales y otros profesionales de la atención social directa, así como a estos mismos trabajadores.

A juicio del CERMI, la declaración oficial como servicios esenciales en esta crisis de salud pública de los distintos sectores sociales, entre ellos discapacidad y personas mayores, justifica esta priorización en la puesta en práctica del diagnóstico rápido del coronavirus, que permitirá dar respuestas preventivas, de contención y asistenciales más rápidas y eficaces. Los poderes públicos disponen de la información sobre la identificación y localización de los recursos residenciales y de apoyo a la autonomía personal de personas con discapacidad, por lo que no hay excusa para actuar con inmediatez, desplegando campañas de diagnóstico amplio en estos ámbitos de la atención social.