El Ayuntamiento de Plasencia se suma al convenio de protección de menores

El fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, y el alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro, han suscrito este jueves el convenio por el que la localidad placentina se suma al convenio de protección de menores.

Un convenio que, según Blanco, servirá para que se de "salida a determinadas situaciones extrajudiciales" para aquellos menores "que hayan cometido infracciones de menor gravedad" que es el ámbito de aplicación del convenio y, además, "dar satisfacción a los perjudicados, a las víctimas de los hechos delectivos" y "sustituir las posibles sanciones que se puedan imponer por trabajos en beneficios de la comunidad".

De esta manera serán los servicios sociales del Ayuntamiento de Plasencia los que determinen que tipo de trabajos tendrán que realizar los menores, así como serán los garantes y supervisores de los mismos.

Con este convenio lo que se trata de conseguir, según la fiscal de menores de Cáceres, Yolanda Forte, es que "el menor ha reconocido los hechos, ha pedido disculpas a la víctima" así como ha reparado económicamente a la víctima y se le imponen esta serie de actividades "para conseguir que el menor tenga empatía y se mentalice de la naturaleza de los hechos que se le están imputando".

Los trabajos a realizar "se acuerdan entre el equipo técnico" del consistorio y suelen tener que ver "con la infracción que han cometido" de tal manera que si el menor es condenado por la realización de graffitis se le "establece la tarea de colaborar en la limpieza de esos graffitis" según Forte.

De esta manera los menores infractores que realicen faltas o delitos menores tipificados como tales en el código penal y según la ley del menor se pueden acoger a esta medida, siempre que el equipo técnico así lo recomiende, a nivel local, la policía local de Plasencia lleva a cabo también esta sustitución de sanciones por trabajo a beneficio de la comunidad en aquellas faltas relativas a las ordenanzas municipales.

El convenio "tiene una duración de dos años" según Blanco, pero "se va prorrogando automáticamente sin necesidad de ninguna negociación" si no hay denuncia del mismo por ninguna de las dos partes.