Los gobiernos autonómicos instarán al Ejecutivo central a que confeccione un plan de acción para "el control del caos migratorio actual" que contemple, entre otras medidas, el refuerzo de los controles en las fronteras para "evitar la llegada masiva de inmigrantes irregulares a través de las rutas marítimas y aeropuertos internacionales".

También instarán al Gobierno central a elaborar un plan para la contratación en origen de personas que quieran venir a trabajar a nuestro país, con el objetivo de fomentar "la inmigración regular vinculada al empleo, frente a la inmigración irregular que enriquece a las mafias y pone en peligro la vida de las personas que quieren venir a nuestro país".

Los gobiernos extremeño y madrileño pedirán además al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "no utilice la inmigración para negociar con gobiernos autonómicos o partidos políticos el fraccionamiento de dichas competencias".

Así se recoge en el Protocolo General de Actuación entre los gobiernos de Extremadura y Madrid, que este lunes han firmado sus presidentas, María Guardiola e Isabel Díaz Ayuso, en un encuentro institucional celebrado en Mérida.

COLABORACIÓN EN ATENCIÓN SANITARIA

En materia de atención sanitaria, los gobiernos de Extremadura y Madrid abogan por "valorar la posibilidad de colaborar en actuaciones comunes dirigidas a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, el acceso a las prestaciones y a la mejora de atención de los ciudadanos, facilitándoles el acceso al sistema sanitario".

Para ello, muestran su interés en "fomentar la coordinación de los dispositivos sanitarios, en todos los niveles asistenciales", con el fin de "lograr un beneficio recíproco para" las actuaciones y funcionamiento de los sistemas sanitarios de ambas regiones.

Especialmente, aluden a la atención sanitaria de urgencias, emergencias y transporte sanitario, la atención hospitalaria, en salud mental, y sociosanitaria, así como en salud pública, mediante el intercambio de información en la vigilancia en salud pública y gestión de alertas.

Respecto al déficit de profesionales sanitarios, Extremadura y Madrid coinciden en la necesidad de instar al Gobierno central a que "incremente el número de profesionales sanitarios, médicos y de enfermería, en formación, para que puedan atenderse las necesidades presentes y futuras del SNS".

Ante esta situación, ambas regiones impulsarán el intercambio de información sobre la previsión de implantar nuevos servicios o tecnologías superespecializadas, y "planificar de manera coordinada su implantación con el fin de aprovechar al máximo la cooperación", con el objetivo de "garantizar una cartera de servicios equilibrada, humana de calidad, articulando las posibles derivaciones a través del mecanismo del Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCO)".

También reafirman Extremadura y Madrid su interés en "promover la colaboración profesional", facilitando las rotaciones formativas complementarias y la participación cruzada de profesionales de plantilla en unidades superespecializadas, y tratarán de impulsar además la coorganización de jornadas y eventos formativos, también en modalidad online, y de intercambio de buenas prácticas.

Además, el Servicio Madrileño de Salud y el Servicio Extremeño de Salud procurarán facilitar el acceso a las correspondientes historias clínicas objeto de la asistencia sanitaria conjunta, en consonancia con la normativa y la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, y en cuanto a la organización, coordinación y gestión de los servicios sanitarios, ambas partes promoverán ante el Gobierno central que "respete la autonomía de las Comunidades Autónomas en la gestión sanitaria, y la colaboración público-privada".

"ESTRECHA COLABORACIÓN" EN VIOLENCIA DE GÉNERO El protocolo también recoge actuaciones en materia de violencia contra la mujer, respecto de la que Extremadura y Madrid se muestran "conscientes de la importancia y la trascendencia de estos delitos", y abogan por mantener una "colaboración recíproca en los programas de sensibilización social, prevención y detección precoz".

Para ello, abogan por contar con "medidas coordinadas para la adecuada derivación y atención integral a las víctimas de ambas Comunidades", y reafirman su "intención de promover una estrecha colaboración" en esta materia.

Una colaboración que se realizará a través de la articulación de los mecanismos necesarios para la derivación y el traslado de víctimas entre los centros de acogida de ambas comunidades, "para garantizar la seguridad de la víctima y/o para facilitar su reagrupación familiar", así como del impulso de actividades conjuntas de formación para los profesionales que trabajan en este ámbito.

También plantean el intercambio de experiencias profesionales en materia de atención y protección de las mujeres víctimas de violencia, a través de la participación de ponentes de las distintas organizaciones profesionales, así como la movilidad entre las respectivas Administraciones de empleadas públicas víctimas de violencia contra la mujer, "cuando así lo precisen por razones de protección de su integridad o de su tratamiento integral".

Finalmente, abogan por impulsar actuaciones conjuntas para la prevención, detección, asesoramiento e intervención con mujeres, niños y niñas víctimas de cualquier tipo de violencia sexual o de trata con fines de explotación sexual.