Agentes de la Guardia Civil han intervenido 931 plantas de marihuana en una vivienda de la localidad pacense de Puebla de la Calzada, y ha detenido al responsable de la plantación, un vecino de Mérida acusado de los delitos de cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación de esta operación, denominada 'Adika', se inició cuando agentes de la Guardia Civil de Montijo, detectaron la actividad delictiva que se pudiera estar llevando a cabo en el interior de una vivienda de Puebla de la Calzada, donde se estaría cultivando marihuana.

Con las gestiones y dispositivos de servicios en torno al inmueble, se pudo averiguar la identidad del arrendatario, por lo que en la mañana del pasado lunes, 26 de agosto, coordinados con el Juzgado de Instrucción de Montijo y con la colaboración de agentes de la Guardia Civil de la Usecic, se llevó a cabo el registro de la vivienda.

En el transcurso del registro localizaron en el interior sus habitaciones, varios invernaderos de marihuana con un total de 931 plantas en diferentes fases de crecimiento y producción, perfectamente acondicionadas, con todo tipo de elementos de iluminación, sistemas de ventilación y extractores, con el objetivo de permitir y crear las condiciones adecuadas para su desarrollo.

También se pudo constatar que las instalaciones contaban con enganches ilegales a la red eléctrica que abastecían de corriente a toda la maquinaria y aparatos utilizados, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la entrada y registro de la vivienda, no se localizó al responsable de los supuestos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, un vecino de Mérida, con antecedentes por hechos similares, por lo que se establecieron dispositivos de servicio para su localización y detención.

Así, este pasado martes se le detuvo e instruyeron las correspondientes diligencias en dependencias oficiales, entregadas en el Juzgado de Instrucción que entiende de este asunto.

Cabe destacar que esta actuación de la Guardia Civil, queda enmarcada dentro del Plan de respuesta policial para luchar contra el cultivo y tráfico de cannabis desarrollada a nivel nacional por la denominada 'Operación Miller', dirigida principalmente a detectar y erradicar grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas, que pueden tener conexión con la comisión de otros delitos, como el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos o delitos violentos.