“Qué importancia tiene saber, conocer, alcaldes y alcaldesas, en su voluntad de servicio público y de ayudar siempre a los vecinos, toman decisiones que no son las más adecuadas y eso tiene una serie de consecuencias jurídicas que la mayoría de las veces desconocen pero que puede llevarles, por ejemplo, a la inhabilitación como ha ocurrido con los alcaldes del Jerte”. Palabras del Presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, en la inauguración de la Jornada “Cargos Electos y Derecho penal”, dentro del programa Escuela de Formación de Cargos Electos, de la Institución Provincial en la que también han participado secretarios y secretarias de la administración local, magistrados, magistradas y fiscales.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha sido el encargado de inaugurar esta acción formativa, que ha arrancado con la ponencia “La prevaricación urbanística en el ámbito de los cargos y empleados públicos” a cargo de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena. Sobre este punto, el presidente ha recordado que a partir de enero la Diputación de Cáceres tendrá en funcionamiento una Oficina de Disciplina Urbanística para dar apoyo a los ayuntamientos.

Además, Morales ha indicado que en esta relación estrecha con el TSJEX, van a seguir llevándose a cabo acciones formativas en materia jurídica y ha anunciado que próximamente se va a proceder a la firma de un Convenio de Colaboración entre la Institución Provincial y el Consejo General del Poder Judicial, que, como ha añadido la presidenta del TSJEX también se va a extender a los jueces, magistrados y fiscales “si algo nos enseña nuestro trabajo como jueces es que hay que oír a todas las partes implicadas y las cosas no se ven lo mismo de un lado de la mesa al otro, cuando un juez tiene puesta la toga a cuando se ha quitado la toga y esta en su pueblo”.

Mesas redondas sobre prevaricación administrativa en ámbitos como la acústica o ambiental o asuntos de corrupción administrativa como la malversación de capitales, negociaciones prohibidas o la falsedad documental en la que participan alcaldes, alcaldesas, magistrados y jueces de distintos juzgados de la provincia completan estas jornadas.