La Asamblea de Extremadura ha aprobado la Propuesta de Ley de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) gracias a los votos de los diputados del grupo parlamentario proponente, el Socialista, después de que el PP, al igual que Ciudadanos, se hayan abstenido, mientras que Podemos ha votado en contra de este "traje a medida para los grandes proyectos de casinos".

El único que ha votado a favor junto a los socialistas ha sido el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales, que estrenaba esta condición en el Pleno de este miércoles tras abandonar el Partido Popular y su grupo parlamentario.

El Parlamento regional ha acogido este miércoles el debate y votación del dictamen elaborado por la Comisión de Economía, Infraestructura, Turismo, Industria y Energía, de la que han llegado vivas un total de 74 enmiendas, la mayor parte de ellas de Podemos, con 51, otras 16 de Ciudadanos y siete del PSOE.

Entre las más importantes de las que han sido aprobadas, se encuentra una reducción de la extensión mínima exigida a los proyectos que se instalen en la región y que quieran acogerse a los beneficios que contempla la ley, que pasará de las 1.000 hectáreas iniciales a 300, a propuesta del Grupo Socialista, según su portavoz, para adaptar la norma a las recomendaciones del Consejo de Consultivo y a las propuestas de los ponentes en la citada comisión.

Por tanto, se mantienen como requisitos una inversión mínimas de 1.000 millones de euros, la creación de 2.000 puestos de trabajo y una oferta de 3.000 plazas de alojamiento. En concreto, de las 74 enmiendas debatidas, se han aprobado 16 de Podemos, las 7 del PSOE y dos de Ciudadanos.

Entre las ventajas que ofrece la ley a estos grandes macroproyectos de ocio familiar se encuentran bonificaciones en los impuestos al juego o la rebaja en los plazos de tramitación administrativa de los proyectos, entre otros.

El portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, ha lamentado que su partido no haya contado con más apoyos para sacar adelante esta ley que, según ha dicho, es "necesaria para abordar la llegada de grandes instalaciones de ocio familiar".

Asimismo, y sobre las críticas del resto de partidos al dictamen del Consejo de Estado, ha remarcado que ha sido la primera vez en toda la autonomía extremeña en la que una propuesta de ley se somete a un órgano consultivo, y que éste además sostiene que la norma se adapta al Estatuto de Autonomía, la Constitución y a las normas europeas.

Sin embargo, ha reconocido que contempla una serie de recomendaciones ante las cuáles su grupo parlamentario ha presentado estas siete enmiendas. Por el contrario, y tras escuchar al resto de portavoces, ha señalado que los grupos parlamentarios "siguen sin alcanzar la dimensión" de esta propuesta de ley, y que no es otra que permitir que Extremadura pueda competir en igualdad de condiciones con otras comunidades autónomas para poder atraer inversiones de estas características.

Por su parte, el diputado del Grupo Popular Víctor del Moral, ha justificado su abstención, así como no haber presentado enmiendas, señalando que no pretende "bloquear" esta ley que, no obstante, considera que "no servirá para nada", he incluso ha apuntado que el Grupo Socialista debería haber tenido la "decencia" de haberla retirado tras conocer el informe del Consejo de Estado.

En su opinión, dicho dictamen supuso un "varapalo de tal calibre" que ha obligado al PSOE a presentar enmiendas a su propio texto, dejando una propuesta de ley "desvirtuada" y que "no servirá para nada", porque se trata de "un bluf más" del Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara en la presente legislatura.

En defensa de sus enmiendas, la diputada de Podemos Jara Romero ha señalado que éstas tenían por objeto arreglar la "auténtica chapuza jurídica" que "desde el principio" ha supuesto esta propuesta de Ley, como asimismo considera que expuso el Consejo de Estado en su dictamen.

También ha criticado que haya sido una propuesta que únicamente ha sido "pactada" con el PP, excluyendo al resto de grupos parlamentarios y a los sectores afectados de la sociedad, a pesar de que afecta a normas tan importantes como los tributos al juego y la Ley de Comercio.

Por tanto, sus enmiendas tenían el objetivo de adaptar la ley para que las inversiones "garanticen una tributación justa", así como para ofrecer seguridad jurídica y la defensa de unas "condiciones laborales dignas" para los trabajadores en este tipo de instalaciones. Por otro lado, hay un bloque de enmiendas que defienden un el uso de un lenguaje inclusivo en el texto legislativo.

En su opinión la LEGIO es "un traje a medida para los grandes proyectos de casinos", pretende convertir Extremadura "un paraíso fiscal" y en el que la "fiscalidad justa brilla por su ausencia".

En esta misma línea, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha señalado que se trata de una ley "muy metida con calzador para un determinado proyecto", y que cuenta con un dictamen del Consejo de Estado que plantea cuestiones que "son de difícil arreglo".

Domínguez, ha reconocido que no ha creído "nunca" en esta ley que se ha abstenido porque, si bien no se opone a la captación de inversiones para Extremadura, no quiere que su llegada se fundamente en leyes "hechas con calzador" y con "un marco jurídico adaptado" a proyectos concretos.

Además, ha vaticinado que la ley aprobada "no va a valer para nada" y que tras salir del parlamento regional "se va a meter un cajón", sin olvidar que podría enfrentarse a un posible recurso de inconstitucionalidad, puesto que la Administración regional se mete "en jardines que no le corresponden", entre ellas la Ley de Propiedad, en tanto que da a los promotores "derechos estratosféricos", y que deja "sin seguridad jurídica" a los propietarios de los terrenos donde quieran instalarse estos proyectos.

En su última intervención, el socialista Valentín García ha criticado la falta de "compromiso" del PP que, con su abstención, se "encoge de hombros" ante una ley que no apoya pero que no vota en contra "no vaya a ser que salga" adelante alguno de estos proyectos.

Por último, cabe destacar que el diputado no adscrito Juan Antonio Morales, quien ha votado a favor del dictamen junto a los socialistas, ha solicitado un turno de palabra para fijar su posición sobre esta ley, que sin embargo ha sido denegado por la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, que ha argumentado que así había sido acordado por la Junta de Portavoces en la reunión de ordenación del Pleno.