La Comisión Sectorial de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda y Turismo ha respaldado por unanimidad el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, la hoja de ruta que marcará las políticas de vivienda de la comunidad autónoma durante los próximos años y que movilizará una inversión estimada de 951 millones de euros.

El documento ha contado con el apoyo unánime de los agentes sociales y económicos presentes en la comisión sectorial tras un proceso de diálogo y concertación durante su elaboración. Como resultado de este trabajo conjunto, el plan incorpora buena parte de las propuestas de mejora planteadas por UGT, CCOO y CREEX.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha destacado que se trata de "una planificación ambiciosa y realista que permitirá dar respuesta a uno de los principales retos que tiene Extremadura, como es garantizar el acceso a la vivienda y generar nuevas oportunidades para desarrollar proyectos de vida en nuestra región".

La nueva planificación autonómica se estructura en cuatro líneas estratégicas, catorce líneas de actuación y cuarenta y nueve medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda, fomentar la rehabilitación, reforzar la vivienda pública y favorecer un desarrollo territorial equilibrado.

Entre sus prioridades destacan las medidas dirigidas a los jóvenes, con ayudas para la compra y el alquiler, sistemas de avales para facilitar el acceso a la primera vivienda y nuevas fórmulas de colaboración público-privada para ampliar la oferta residencial. El plan también contempla actuaciones específicas para favorecer el acceso a la vivienda en el medio rural y reforzar la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

Más de la mitad de la inversión prevista, alrededor de 498 millones de euros, se destinará a facilitar el acceso a la vivienda mediante actuaciones como el desarrollo del Plan Habita Extremadura, los programas de ayudas al alquiler y a la adquisición, el incremento de la oferta residencial y medidas para reforzar la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.

Además, el plan reserva más de 127 millones de euros para rehabilitación y regeneración urbana, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y las condiciones de conservación del parque residencial.

La planificación contempla igualmente el fortalecimiento del parque público de vivienda mediante nuevas promociones, la movilización de inmuebles disponibles y la mejora de los mecanismos de mantenimiento, inspección y acompañamiento social.

Junto a las medidas inversoras, el documento incorpora reformas normativas para modernizar el marco regulador de la vivienda en Extremadura, entre ellas la futura Ley de Vivienda de Extremadura, la actualización del régimen de vivienda protegida y la simplificación de procedimientos urbanísticos.

Con el respaldo unánime de los agentes sociales y económicos, Extremadura dispone de una hoja de ruta consensuada para afrontar los retos de acceso a la vivienda durante los próximos años, combinando inversión, reformas normativas, diálogo social y colaboración institucional.