Durante su intervención ha destacado que Extremadura ha realizado una planificación energética (PEIEC 2021-2030) en concordancia con una planificación ambiental que ha modelizado la capacidad de acogida del territorio al desarrollo de energías renovables, teniendo en cuenta el reto demográfico y la biodiversidad. Para ello se cuenta desde 2018 con una unidad específica para la evaluación ambiental de energías renovables.

La consejera ha puesto de manifiesto que “en Extremadura defendemos un cambio de modelo energético desde el rigor y eso se traduce en requerir a las empresas promotoras que respeten la biodiversidad presente en nuestro territorio, minimizando los impactos”.

Las zonas forestales arboladas, los suelos agrícolas con alta productividad o la presencia de aves esteparias incompatibles con los proyectos de renovables son los principales indicadores de exclusión a la hora de acoger este tipo de proyectos en el territorio.

Según Olga García, “otra de las líneas de trabajo que se sigue desde la región es la evaluación de los efectos que la construcción y explotación de las plantas fotovoltaicas tienen sobre la avifauna amenazada”. Entre otros elementos, cada proyecto sigue un riguroso procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo, teniendo en cuenta la capacidad de acogida territorial o la afección a Red Natura 2000 y así se realiza una detallada integración ambiental de las plantas, con medidas preventivas, correctoras o compensatorias. Así, ha concluido que está contrastado que muchas plantas fotovoltaicas se muestran como islas de biodiversidad.

Con todo ello, Extremadura continúa integrando el despliegue renovable, liderando durante 2020 y 2021 la generación y la potencia solar fotovoltaica instalada en España, con la sostenibilidad y biodiversidad que nos definen como región.