Entre los años 2025 y 2026, los servicios municipales han procedido tanto a la retirada de estos elementos y ha impuesto las correspondientes sanciones por infracciones contempladas en el artículo 41.1 de la Ordenanza de Limpieza Viaria. Los carteles habían sido instalados en señales de tráfico, farolas, contenedores de residuos sólidos urbanos y otros elementos del mobiliario urbano, deteriorando la imagen de la ciudad y dificultando las labores de mantenimiento y limpieza.

El Ayuntamiento recuerda que este tipo de conductas pueden conllevar sanciones de hasta 700 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 148 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza Viaria de la ciudad de Mérida.

Desde el consistorio se insiste en que la publicidad y propaganda en la vía pública debe respetar la normativa vigente y realizarse únicamente en los espacios habilitados para ello o cuando exista la correspondiente autorización municipal.

La Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana establece que «la colocación de carteles, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad únicamente se podrá realizar en lugares autorizados, con excepción de los casos permitidos por la Administración Municipal». Asimismo, prohíbe expresamente esparcir o abandonar folletos, octavillas o cualquier otro material publicitario en la vía y los espacios públicos sin la debida autorización.

Del mismo modo, la normativa señala que «la colocación de carteles y pancartas sólo podrá ser realizada con autorización municipal y, en todo caso, en lugares habilitados al efecto y siempre que no dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil extracción».

El Ayuntamiento de Mérida hace un llamamiento a empresas, asociaciones, entidades organizadoras de eventos y particulares para que respeten la normativa municipal y utilicen los canales y espacios autorizados para la difusión de sus actividades. El cumplimiento de estas normas contribuye a conservar el patrimonio urbano, mantener la ciudad limpia y garantizar una convivencia cívica basada en el respeto a los espacios públicos, evitando así la imposición de sanciones económicas.