El Consejo de Gobierno autoriza la convocatoria de ayudas para el desarrollo del Plan de Empleo Social, con una dotación 24 millones de euros
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado en su reunión de este martes la convocatoria de los programas I y II del Plan de Empleo Social, que contará con una dotación de 24 millones de euros y permitirá la contratación de 4.000 personas, según ha anunciado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña.
Este Plan, que se lleva a cabo por tercera vez en esta legislatura, establece la concesión de ayudas para la creación de empleo mediante la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, para la ejecución de actuaciones como servicios de utilidad, medio ambiente, desarrollo cultural, asistencia social, apertura de centros públicos o cualquier otro destino para facilitar la inserción socio-laboral.
En sus dos convocatorias anteriores el plan permitió la contratación de un total de 7.698 personas mediante dos programas: uno dirigido a los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma (6.306 contrataciones) y un segundo programa dirigido a entidades privadas sin ánimo de lucro y empresas de economía social, pequeñas y medianas empresas y autónomos (1.392 contrataciones).
Estos datos han sido calificados por la portavoz de la Junta de Extremadura como un “éxito” a pesar de que “haya hoy voces en la región que siguen cuestionando el Plan de Empleo Social”. Además, Gil Rosiña ha destacado el apoyo de las diputaciones a estos programas con los que se pretende dar una oportunidad de empleo a parados de larga duración y a familias sin recursos.
Asimismo, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la firma del convenio entre la Consejería de Educación y Empleo, a través del SEXPE, y las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres para la financiación del Plan de Empleo Social. Las diputaciones aportarán 6 millones de euros cada una de ellas, mientras que el SEXPE aportará 12 millones de euros.
Estos fondos servirán para financiar la contratación de personas desempleadas de larga duración por parte de los municipios de ambas provincias con una población inferior a los 20.000 habitantes, así como por parte de pequeñas y medianas empresas, entidades sin ánimo de lucro y empresa de economía social.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2017
Además, según ha informado la portavoz, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público de la Junta de Extremadura para 2017, que consta de un total de 1.132 plazas, de las que 980 se cubrirán por turno libre y de discapacidad y las restantes 152 por promoción interna.
En cuanto a la distribución por áreas, 218 corresponden a Administración General, 360 a Educación (personal docente no universitario) y 554 a Sanidad (plazas de naturaleza estatutaria).
Del total de las plazas ofertadas, ha añadido Gil Rosiña, se reserva un cupo del 10 por ciento para personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Este porcentaje supone un incremento de tres puntos respecto al mínimo establecido por el Estado del 7 por ciento.
Las convocatorias de las pruebas selectivas indicarán el calendario previsible de realización de las pruebas en que consista el correspondiente proceso selectivo, dentro del plazo máximo de resolución.
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
En el apartado de la Consejería de Economía e Infraestructuras, el Ejecutivo ha autorizado la contratación de obras de mejora de la seguridad vial y de depuración de aguas residuales.
En el primer apartado, el de la seguridad vial, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera EX -310, de Badajoz a Valverde de Leganés, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 4 y 6, con un presupuesto de 743.353 euros.
En este tramo coinciden un gran número de accesos y una elevada densidad del tráfico, por lo que se ha producido una alta concentración de accidentes en los últimos años.
Asimismo, se autorizó la contratación de las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera EX–209 (de Badajoz a Mérida, por Montijo) en el punto kilométrico 28,800, intersección con la BA -034 y la BA -096, que se ha convertido en un tramo de alta concentración de accidentes. El presupuesto destinado a esta obra asciende a 1.168.000 euros.
Por otra parte, en materia de depuración integral de aguas, el Ejecutivo ha autorizado la contratación de las obras de depuración integral de aguas en municipios del entorno del Parque Nacional de Monfragüe, con un presupuesto de 2.924.908 euros.
La Junta de Extremadura considera fundamental el tratamiento previo al vertido a los cauces de las aguas de esta área para evitar el deterioro de las corrientes superficiales de una zona muy sensible y altamente protegida como es el Parque.
Las depuradoras de aguas residuales existentes en las localidades de Casas de Miravete, Mirabel y Torrejón el Rubio fueron construidas hace unos quince años y en la actualidad no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa relativa a los vertidos.
Asimismo, ha autorizado la contratación de la obra para aumentar la sección del colector de Villanueva de la Serena y la pendiente de éste. El objetivo de esta actuación es evitar que el colector entre en carga cuando llueve con cierta intensidad y que se acumulen sedimentos. El coste de las obras supondrá una inversión de 1.009.809 euros
La portavoz del Ejecutivo ha señalado que estas dos últimas obras están incluidas en el Acuerdo sobre Inversiones en Infraestructuras de la Comunidad Autónoma, dotado con 292 millones de euros y que, entre otras medidas, contempla la construcción de 52 estaciones depuradoras de aguas residuales con el objetivo de cumplir con los estándares de calidad que exige la normativa europea en la materia.
DECRETO DE AYUDAS DEL 0,7 DEL IRPF
Otro de los asuntos destacados de la reunión es la aprobación del decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Estas subvenciones se convocarán próximamente con una dotación prevista de 6,7 millones de euros.
De acuerdo con el decreto, se considerarán actividades de interés general aquellas destinadas a cubrir las necesidades específicas de intervención social en personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, favoreciendo la promoción individual y/o colectiva y el ejercicio de derechos en igualdad.
El decreto establece como finalidad de estas subvenciones la financiación, total o parcial de programas de interés general, por una parte, y la reforma, rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centros de intervención social, por otra.
Podrán obtener la condición de beneficiarias de estas subvenciones las entidades del Tercer Sector de Acción Social. Asimismo, podrá obtener la condición de beneficiaria Cruz Roja Española en Extremadura.
COORDINACIÓN EN MATERIA URBANÍSTICA
Por otra parte, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, ha informado de la aprobación del Proyecto de Ley de Coordinación Intersectorial y de Simplificación de los Procedimientos Urbanísticos y de Ordenación del Territorio, al tiempo que acuerda su remisión a la Asamblea de Extremadura.
Con este texto, ha explicado la consejera, se pretende cumplir el compromiso del Ejecutivo de proceder a la simplificación administrativa de los trámites que deben seguir los ayuntamientos para la aprobación de los planes generales municipales y los planes territoriales.
Para ello, ha explicado García Bernal, se han introducido modificaciones en las leyes autonómicas en materia de Suelo, Agricultura, Carreteras, Patrimonio y Protección Ambiental, todo ello con la finalidad de que en un plazo máximo de 4 meses puedan estar concluidos todos los informes sectoriales, incluido el de Impacto Ambiental.
Además, otro de los aspectos destacados del proyecto de ley, según ha anunciado la consejera, es que establece el silencio administrativo positivo, lo que supone que el procedimiento no se detendrá en caso de que alguno de los informes no llegue en el plazo previsto.
García Bernal ha destacado la importancia del proyecto de ley porque, ha dicho, “detrás de los planes municipales hay actividad económica con la implantación de industrias en suelo no urbanizable y en polígonos industriales”.
Otra de las medidas aprobadas y pertenecientes al departamento que dirige García Bernal es la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la regeneración de terrenos públicos adehesados, con una dotación de 2 millones de euros.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), las entidades públicas titulares de explotaciones o de montes comunales.
De acuerdo con la orden de convocatoria, se considerarán actividades subvencionables las relacionadas con la regeneración natural de terrenos adehesados mediante la protección del regenerado natural y los trabajos para la mejora de su viabilidad, así como la densificación de terrenos adehesados con el incremento del número de árboles con las especies existentes o compatibles y su protección contra el ataque del ganado.
Además, el Ejecutivo ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la realización de proyectos innovadores por parte de los Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícola(AEI).
Se pretende con estas ayudas fomentar la innovación y la transferencia de tecnología en los sectores agroalimentario y forestal y apoyar la ejecución del proyecto innovador definido y diseñado por los grupos operativos, los cuales cuentan con un periodo de tres años para su realización.
La aprobación de este decreto supone, ha dicho García Bernal, que los grupos operativos podrán empezar a redactar sus proyectos. Además, ha añadido, próximamente se publicará la convocatoria de las subvenciones con una dotación económica de 6 millones de euros.
Lo que hace este decreto, ha subrayado, es “marcar las prioridades del desarrollo rural y la innovación que están establecidas en el PDR 2014-20”.
