La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha propiciado una reunión entre representantes de Liberbank, y los representantes de los municipios cacereños afectados por el cierre de oficinas bancarias. Una reunión en la que, tras un tiempo de ausencia de diálogo y de negativas de la entidad bancaria a recibir a los alcaldes, se ha retomado el acercamiento, acordando que en las próximas cuatro semanas los municipios aportarán sugerencias y propuestas a Liberbank, para poder mantener el servicio a los ciudadanos.

   Acompañada del vicepresidente segundo de la Diputación,Alfonso Beltrán; del portavoz de los municipios afectados, el alcalde de Mata de Alcántara, Luis Amado Galán, y otros alcaldes de la provincia, la presidenta ha recibido en el Palacio Provincial al presidente territorial de Liberbank en Extremadura, Julio Morales.

   Tras la reunión, que ha durado algo más de una hora, la presidenta ha agradecido las disculpas de la entidad y la predisposición a dialogar. “Hemos recuperado el diálogo perdido y se han comprometido a recibir de cada municipio un planteamiento para que los ciudadanos vuelvan a tener el servicio, ya que si permitimos suprimir servicios, no estamos luchando contra el despoblamiento del medio rural”. Así, la próxima reunión será, previsiblemente, en un mes en el Palacio de Mayoralgo, sede de Liberbank, en Cáceres. 

   “Estamos hartos -ha reconocido la presidenta- de que en provincias como la nuestra se atienda a la rentabilidad económica más que a la rentabilidad social y contra eso debemos luchar todos juntos”.

   En este sentido, el portavoz de los municipios ha apelado “al Banco de España y al Gobierno central para que se trabaje de forma diferente en cada territorio, porque no es lo mismo cerrar donde hay otras oficinas alternativas que cerrar en una provincia con más de 200 poblaciones, entre las que más del 80 por ciento es menor de mil habitantes, siendo, además, un territorio de más de 20.000 kilómetros cuadrados, lo que genera desplazamientos y dificultades para personas mayores con pocas posibilidades de movilidad”. Amado Galán ha agradecido también la “predisposición al menos a escuchar”, aunque reconoce las dificultades que puede haber.

   Recordó que actualmente hay 36 poblaciones afectadas por el cierre de oficinas, lo que puede suponer entre 15.000 y 20.000 personas afectadas, a lo que se suman alrededor de 80 municipios en riesgo de exclusión financiera.