González ha hecho este llamamiento a la unidad después de anunciar que la próxima semana comenzarán los contactos entre representantes de la Junta de Extremadura y de los partidos políticos y agentes sociales de la región para intentar alcanzar un acuerdo en la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2023.

Así, según ha avanzado, el próximo lunes se iniciarán los contactos con los representantes de Ciudadanos, continuarán el martes con el Partido Popular, y el viernes habrá reuniones con los sindicatos UGT y CCOO y con el grupo de Unidas por Extremadura. Esta ronda de contactos se cerrará el martes, 27 de septiembre, con la patronal extremeña (CREEX).

También ha señalado que el inicio de estas conversaciones responde a la voluntad del presidente de la Junta de Extremadura de hablar con “todas las fuerzas políticas”, algo que ya manifestó Fernández Vara en los actos institucionales del Día de Extremadura.

Ante la situación “tan extraordinaria que vivimos”, llena de complejidad e incertidumbre, Juan Antonio González se señalado que “los ciudadanos tendrían más confianza en los partidos políticos si fueran capaces de llegar a un acuerdo presupuestario”.

En este mismo sentido, González ha pedido también un esfuerzo a los grupos parlamentarios para llegar al “máximo consenso posible” en la tramitación del proyecto de ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos, que comienza mañana jueves en la cámara regional.

El portavoz ha destacado la importancia de este texto, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 7 de julio, ya que, como recordó entonces la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Mortales, es un intento de “poner la Administración al servicio de la ciudadanía”.

Este proyecto y la Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa son “un paradigma” para cambiar “la concepción” de la Administración y pueden convertir a Extremadura en un referente en el objetivo de conseguir una administración más ágil, menos burocrática y más eficaz, ha subrayado.  

La comparecencia del portavoz ha tenido lugar después de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la que se ha autorizado la contratación de las obras destinadas a la mejora de terrenos agroforestales en montes gestionados por la Dirección General de Política Forestal, con un presupuesto de 1.487.081,45 euros cofinanciados en un 80 por ciento por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 2014-2022 (FEADER) ‘Europa invierte en zonas rurales’.

De esta manera, según ha explicado, se actuará en montes situados en los términos municipales de Valencia de Alcántara, Alcántara, Don Benito, Oliva de Mérida, Quintana de la Serena, Azuaga, Castuera y Benquerencia de la Serena.

Con esta medida, ha añadido, se potencia el empleo de trabajadores forestales en las comarcas afectadas y se trabaja en la prevención, ya que, ha recordado, “los incendios hay que extinguirlos durante el otoño y el invierno”.

Por otro lado, el Ejecutivo ha autorizado la contratación, por lotes, de las obras para el acondicionamiento y mejora de varios caminos rurales, por un importe de 1.273.041,22 euros y una financiación del 80 por ciento con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 2014-2022 (FEADER) ‘Europa invierte en zonas rurales’.

Los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución que varía entre los dos y los seis meses, se llevarán a cabo en los términos municipales de Cadalso, La Coronada, Navas del Madroño, Salvatierra de Santiago, Trasierra y Tejeda de Tiétar.

Estas obras, ha asegurado el portavoz, corresponden al Plan de Caminos Rurales 2016-20 y son “muy beneficiosas” para vertebrar el territorio pero también, por las inversiones que conllevan, son importantes para los agricultores y, en general, para los municipios de la región.

Juan Antonio González ha valorado también el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer martes en el que se ratificó la asignación a Extremadura de 43,5 millones de euros para rehabilitación y construcción de viviendas sociales.

De esa cantidad, 32 millones se destinarán a rehabilitación de viviendas, una medida que ya se puso en marcha el pasado mes de enero y que ha permitido a la Junta de Extremadura aprobar convenios con ayuntamientos, como los de Cáceres y Mérida, para impulsar rehabilitaciones integrales “a nivel de barrio” en cascos históricos.

Por otra parte, se destinan a la región 11,5 millones de euros que permitirán construir 500 viviendas de promoción pública, 350 de ellas para alquiler asequible y otras 150 para alquiler social. Para ello, los ayuntamientos interesados deberán poner el suelo a disposición de la Junta de Extremadura para llevar a cabo estas obras.