Aunque actualmente no existe ninguna explotación activa en la región, Olga García ha insistido en que “si en Extremadura tenemos las materias primas, lo lógico es que la cadena de valor se instale en la región”. Además, se está siguiendo el camino marcado por nuestros vecinos portugueses dedicando esfuerzos a garantizar en el futuro el cumplimiento de los mayores estándares de sostenibilidad ambiental en la actividad extractiva, fortaleciendo la disponibilidad de información y participación ciudadana asegurando la mayor transparencia en los procedimientos administrativos y potenciando una distribución equitativa de los beneficios económicos.

En cualquier caso, decía la consejera, “para Extremadura el aprovechamiento de los recursos de litio constituye una prioridad para densificar el tejido productivo extremeño favoreciendo el asentamiento en la región de instalaciones industriales que contribuyan a mejorar los niveles de empleo de zonas rurales y afrontar el reto demográfico al que se enfrenta Extremadura”.

En cuanto al desafío de desarrollar cadenas de valor a partir de estas materias primas estratégicas, la voluntad de Extremadura, explicaba Olga García, es “ser actores de la transición energética y la nueva industrialización que está vinculada al programa de la cadena de valor del PERTE del Vehículo Eléctrico en España”, ya que la región además de suministrar materias fundamentales puede ofrecer infraestructuras logísticas y disponibilidad de energías renovables a precios muy competitivos.

En cuanto a la complejidad de la gestión administrativa de los permisos de exploración y explotación la consejera ha subrayado que Extremadura apuesta por una minería del siglo XXI, cuya tramitación de permisos se realice desde el rigor y la transparencia absoluta, limitando las valoraciones de la administración a las resoluciones de los proyectos.

Concluía Olga García animando a las distintas administraciones con competencias a trabajar juntas “para hacer frente a las consecuencias sobre el terreno y para cubrir las necesidades de inversión de la explotación y transformación de estas iniciativas”. Para ello, los Estados miembros y las regiones “debemos comunicar de forma transparente y activa las ventajas y también los inconvenientes de las explotaciones, garantizando la participación de todas las partes interesadas y, de este modo, lograr la aceptación de la sociedad civil”.