Dentro de los dispositivos de servicios e investigación, el pasado mes de marzo, el SEPRONA tuvo conocimiento de la actividad ilícita que estaría desarrollando una empresa de tratamiento de residuos, ubicada dentro del término municipal de Aceuchal (Badajoz).

 Circunstancia que dio lugar al inicio de esta operación, en la que los agentes desarrollaron una exhaustiva investigación para verificar la existencia de anomalías que pudiera ocasionar un perjuicio ecológico en el entorno.

 En las diferentes inspecciones practicadas a la empresa carente de licencia para ejercer dicha actividad, se tomaron muestras y se pudo constatar como realizaban vertidos y gestionaban la destrucción no autorizada, tanto de residuos peligrosos (material procedente de fundición y residuos de construcción y demolición), como no peligrosos, mediante la recogida y eliminación incontrolada, aprovechando para ello grandes hoyos existentes en un paraje del mismo término municipal, para enterrarlos y quemarlos sin previo tratamiento y selección.

 Tras esta primera fase de la operación, se obtuvieron indicios evidentes de los daños sustanciales ocasionados a la calidad del suelo y de las aguas, determinando que gran parte de los residuos que recepcionaba la empresa,  no eran tratados de manera adecuada.

 Las pruebas incriminatorias pusieron al descubierto, además de la actividad ilícita llevada a cabo por los dos responsables de la empresa, la implicación en los hechos de otros tres gestores autorizados y no autorizados de residuos, quienes asiduamente le hacían entrega de materiales, supuestamente a sabiendas de que el tratamiento que iban a recibir para su destrucción o eliminación, no era el legalmente establecido para evitar daños medioambientales.

 En la explotación del operativo, se instruyó diligencias como investigados, a las cinco personas presuntas responsables de un delito contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente y han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción de Almendralejo.

 Actualmente las instalaciones de la empresa de reciclaje se encuentran clausuradas y sus máquinas precintadas, como medidas provisionales adoptadas en el expediente incoado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

 La Guardia Civil continúa con la práctica de gestiones, para valorar los daños ocasionados al medio natural del entorno.