La Delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico ha organizado hoy una jornada formativa a la que han acudido unos doscientos agentes de Policía Local de toda la región y en la que han participado el fiscal delegado de seguridad vial de Badajoz, Diego Yebra Rovira, y el inspector de la Policía Local de Mérida, Miguel Ángel Paredes Porro.

El Alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha inaugurado esta jornada que tiene como objeto analizar el Dictamen 1/2021 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, de fecha 17 de marzo de 2021, en materia de imprudencias punibles en el tráfico viario, los derechos de las víctimas, el nuevo delito de abandono del lugar del accidente y los criterios para la incoación de diligencias policiales y judiciales.

El Alcalde ha señalado que “estamos muy preocupados por la incidencia de la seguridad vial en el casco urbano; solo en 2020 se instruyeron un total de 245 atestados por accidentes de tráfico y eso en un año en el que la movilidad estuvo limitada por el estado de alarma. A esto se añaden los 94 delitos contra la seguridad vial que se registraron en la ciudad. Es por ello muy importante que se profesionalicen los atestados policiales y no solo se imputen daños patrimoniales sino también que haya información objetiva y una persecución de los delitos”.

El citado Dictamen 1/2021 establece la necesaria modificación, en un porcentaje elevado, de las praxis policiales y judiciales sobre los delitos imprudentes en el tráfico viario (colisiones por alcance que originan latigazo cervical, adelantamientos, excesos de velocidad, maniobras de marcha atrás, preferencias de paso, colectivos vulnerables, cambios de dirección o de sentido, alumbrado, deficiencias técnicas en los vehículos, distracciones, fatiga, sueño, alcoholemia y drogas en la conducción, así como abandonar el lugar del accidente), para lo que es preciso una interpretación de la norma en aras a la necesaria seguridad jurídica.

El fiscal delegado de seguridad vial de Badajoz, Diego Yebra Rovira, ha explicado que “las victimas tienen derecho a una indemnización y no se hacen todos los atestados que serían necesarios. Los derechos de las víctimas dependen de un procedimiento penal pero si no tenemos noticia del siniestro y la policía no informa la víctima no se verá resarcida. Además es necesario que los tribunales actúen de forma homogénea y que se aplique la ley con uniformidad en todo el territorio nacional”.

En este sentido, el inspector de la Policía Local de Mérida y responsable de la jornada, Miguel Ángel Paredes Porro, ha recalcado que “hay que poner en valor el dictamen de la Fiscalía y profundizar en las imprudencias penales y en el derechos de las víctimas a ser resarcidas; por eso hay que unificar los criterios interpretativos”.