Las investigaciones policiales comenzaron en la localidad cacereña de Plasencia, donde una de las víctimas denunció haber sido captada en Colombia, su país de origen, por una organización criminal que le aportó todo lo necesario para viajar a España y para su estancia, bajo la falsa promesa de obtener un trabajo con el que poder sufragar la grave enfermedad de un familiar. También relató que, una vez en España, se le exigió una deuda de 8.000 euros que debía abonar ejerciendo la prostitución para la organización, ofreciendo favores sexuales en pisos de citas. Para ello, fue publicitada en páginas de contactos para adultos y obligada a trasladarse a diversas provincias de España, donde se prostituyó bajo coacción y amenaza de sufrir las consecuencias tanto ella como su familia.

 Las investigaciones permitieron obtener diversas pruebas e identificar a los miembros de la organización. Tres de ellos operaban en España y ejercían tareas de traslado, alojamiento, amenaza, publicitación y control de las víctimas. Con esta ilícita actividad obtenían importantes beneficios.

 En los registros se hallaron nuevas pruebas incriminatorias

 Con las correspondientes autorizaciones, se llevaron a cabo dos entradas y registros en sendos domicilios situados en Madrid y San Sebastián. Estas intervenciones permitieron la detención de dos miembros de la organización, uno en cada localidad, y la liberación, en el piso de Madrid, de dos víctimas que acababan de ser captadas en Colombia y que se encontraban preparadas para ser explotadas sexualmente.

 En estos registros se obtuvieron nuevas pruebas incriminatorias y se intervino abundante documentación acreditativa del pago de la deuda que las víctimas tenían contraída con la organización, además de documentos de identidad de las víctimas, ordenadores portátiles y teléfonos móviles. No se descarta la detención de más implicados.