La deuda acumulada comenzó a originarse durante el año 2014 y continuó hasta 2017 de forma sistemática, superando holgadamente la cantidad estipulada de 120.000 euros para tipificar los hechos en su modo agravado. A pesar de que la propia Inspección de Trabajo y la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cáceres trató de llegar a una solución a la deuda que la mercantil iba acumulando a lo largo de los ejercicios económicos, la omisión de los requerimientos y citaciones remitidas al principal responsable propiciaron las actuaciones policiales tras agotarse las vías administrativas.

Igualmente se ha confeccionado y trasladado a la autoridad judicial un informe patrimonial del responsable de los hechos, con el fin de que la Tesorería General de Seguridad Social o el propio Juzgado, pudiera solicitar el embargo de bienes y efectivas las responsabilidades generadas.