El convenio tiene un amplio catálogo de compromisos que tienen en cuenta las características sociales, demográficas y económicas de Extremadura, donde solamente el 1% de la población no tiene la cobertura sanitaria a través del sistema sanitario público. Por tanto, ambas partes consideran necesario un pacto para proteger la cobertura pública del derecho a la salud. Dicha sostenibilidad, se dice en el convenio, debe ejercerse de una manera integral, lejos del criterio puramente economicista.

Se hace mención expresa a la colaboración en la prestación de los servicios de la profesión enfermera con el desarrollo de actuaciones en materia de formación, uso eficiente de recursos diagnósticos y terapéuticos o guías de actuación.

Las dos organizaciones reiteran su apuesta por una concepción integral de la salud, incluyendo y potenciando las actividades de promoción de la autonomía personal, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, la rehabilitación, la investigación y la formación; así como por la equidad y superación de desigualdades territoriales y sociales en la prestación de los servicios, dando prioridad a la eficiencia social y a los colectivos más desfavorecidos. El objetivo es la igualdad efectiva en el acceso a la atención sanitaria.

El acuerdo también les compromete con el Código Deontológico de la Enfermería Española vigente, que establece como responsabilidad de la profesión enfermera la prevención de las enfermedades, el mantenimiento de la salud, la atención, rehabilitación e integración social del enfermo, la educación para la salud y la formación, administración e investigación en enfermería. Responsabilidades que inciden de forma directa en la eficiencia en la atención sanitaria a la población y que es un punto clave a tener en cuenta.

En definitiva, este Convenio Marco tiene por objeto velar por la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Extremadura, asegurando su carácter público y los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad efectiva en el acceso a sus prestaciones que permitan la atención sanitaria pública a cualquier persona que la necesite, independientemente de sus circunstancias sociales o económicas.

Para su cumplimiento se constituye una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento que supervisará las actividades necesarias para su ejecución y los eventuales convenios específicos que pudiesen desarrollarse durante la vigencia del mismo.