La Junta impulsa políticas para favorecer que las productoras de televisión extremeñas puedan acudir a otros mercados
La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que apuesta por políticas públicas que favorezcan que las empresas del sector audiovisual en la región puedan acudir a otros mercados.
Gil Rosiña ha reconocido que la situación del sector audiovisual extremeño "no es fácil", pero ha advertido que las empresas han de entender que no pueden tener como único proveedor a la televisión pública regional.
Así lo ha indicado en su intervención en el Pleno en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Popular Miguel Cantero, en la que reclamaba una valoración del Ejecutivo autonómico sobre la manifestación celebrada el pasado lunes en Mérida por parte del sector.
Al respecto, Gil Rosiña ha señalado que la Junta valora "con absoluta normalidad democrática" esta manifestación, porque "desde hace dos años que en esta región las organizaciones y los ciudadanos pueden manifestarse libremente en las puertas de las instituciones porque los gobernantes no hacen un búnker donde los ciudadanos no puedan protestar".
Además, ha indicado que tras la protesta mantuvo una reunión con representantes de los manifestantes a los que trasladó la postura de la Junta, al tiempo que ha señalado que si la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales cuenta con 7 u 8 millones de euros al año para comprar producción ajena, las empresas del sector audiovisual "han de entender que no pueden tener como único proveedor al canal autonómico".
Por ello, apuesta por articular políticas públicas que "empujen a este sector acudir a otros mercados, y eso es lo que hace este gobierno con Avante con acciones específicas para el sector", al igual que mediante la creación de la marca Extremadura audiovisual.
Por otro lado, se ha referido al trabajo realizado en los últimos meses para cristalizar una ley que permita establecer "una fórmula de contratación y una calendarización de la programación". A modo de ejemplo, ha señalado que si se determina que en el primer semestre del año siempre en la programación exista un programa cultural, las empresas del sector "van a saber a qué van a poder licitar.
Con ello se pretende que la programación "se haga con una lógica, y no con esta falta de lógica con al que se viene haciendo de forma sistemática en los últimos 11 años".
Finalmente, ha respondido a Cantero que los conflictos laborales se resuelven en el marco de las relaciones laborales, de modo que "cuando se establezca por ley la fórmula de contratación", la Junta "podrá exigir el cumplimiento de las cláusulas sociales, mientras tanto no.
Por su parte, Cantero ha señalado que los "impagos y deudas" del canal autonómico a las empresas audiovisuales, de las que dependen "600 familias" extremeñas, les están abocando a "tener que cerrar, a despedir a muchos trabajadores y a otras a ir a preconcursos de acreedores".
Entre los motivos que han motivado la protesta, según Cantero, se encuentran "concursos inexistentes" que han provocado que "muchos trabajos saliesen fuera de Extremadura"; o porque "programas de servicio público como 'Tu empleo' han desaparecido de manera sorpresiva incumpliendo la promesa de recolocarlos en otro sitio".
También porque ha habido dos programas de la parrilla de por la tarde que han sido sustituidos por otro, con "el mayor contrato más importante de la tv, por más de dos millones de euros, a una productora andaluza".
A este respecto, Gil Rosiña ha replicado que el mayor concurso de la TV regional fue el "macroconcurso" por importe de 6 millones de euros y cuatro años de duración, prorrogable otros dos, adjudicado durante el anterior gobierno del PP.
Cantero ha señalado con respecto a las oposiciones que "parte del tribunal que formaba parte de la convocatoria estaban relacionados íntimamente que se presentaban, e incluso aspirantes formaban parte del equipo directivo" de la radiotelevisión autonómica.
Igualmente ha señalado como motivo de la protesta, que ha asegurado que no será la última, el nombramiento de la anterior directora general del ente, y sobre la que ha preguntado por el coste que supondrá su dimisión a las arcas públicas.
