La formación morada ha registrado en este sentido una serie de alegaciones contra el decreto que convoca la creación de la citada comisión para exigir una mayor apertura del gobierno extremeño y más participación por parte de la sociedad civil.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este miércoles, Hierro ha señalado que uno de los aspectos introducidos en esta nueva Ley aprobada hace un año para controlar el "baile de cifras" que se produjo con el anterior gobierno del PP era la creación de una comisión de seguimiento de la Renta Básica, en la que pretendían que estuvieran representados los grupos parlamentarios pero también los movimientos sociales que han "luchado" por esta ayuda, entre los que ha citado el Campamento Dignidad, la RSP y otros.

Una vez conocido el decreto que regula dicha comisión, en las filas de la formación morada se han llevado la "sorpresa" de que se pretende que la misma sea "lo menos transparente posible y sobre todo lo menos participada y abierta a la sociedad posible".

"Los ciudadanos han demostrado que se quieren implicar en política y que son activos, y que están dispuestos a poner desde su posición todo el esfuerzo por contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la gente", ha dicho Hierro.

Por el contrario, el gobierno "sigue anclado en el pasado", convirtiendo esta comisión en "algo burocrático y poco participativo", al tiempo que ha señalado que si se ha publicado el decreto es porque la Junta "tiene que cumplir con la ley", y no porque tenga "un verdadero afán de abrir el gobierno a la sociedad", dado que se ha configurado como "un muro para evitar la entrada de la sociedad a conocer esa información".

En concreto, Hierro ha señalado que esta comisión está formada por los grupos de la Asamblea, por representantes de la consejería de Sanidad y Políticas Sociales, y por representantes de la sociedad civil, pero son "pocos puestos" y además seleccionados por el consejo asesor de la propia consejería.

En su opinión, y a deferencia de otras comunidades más pobladas y con un mayor número de asociaciones de este tipo, en Extremadura hay "tres, cuatro o cinco movimientos como mucho" que hayan trabajado en esta materia, y que considera que todas ellas deberían formar parte de dicha comisión.

Con respecto a los datos de la Renta Básica, se ha mostrado "muy preocupado" en el sentido de que éstos indican que los perceptores han pasado de 10.000 en diciembre de 2016 a unos 7.500 en la actualidad.

Por todo ello, Podemos ha presentado una serie de alegaciones contra el decreto, en las que indican que les parece "del todo inconcebible" que fuera "más abierta y más transparente" la comisión de seguimiento de la ley del 2013, que fue la aprobada por el Gobierno del PP, que la actual del Ejecutivo de Fernández Vara.

Asimismo, reclaman una serie de obligaciones que la Junta no ha incluido, entre ellas que se faciliten mensualmente los datos a los miembros de la comisión, así como reclama una reunión al menos cada tres o cuatro meses, y no dos veces al año como se establece en el citado decreto.

Con respecto al funcionamiento de la Ley de Renta Básica, ha señalado que lo está haciendo "parcialmente" en el sentido de que se cumplen los tiempos gracias a que el porcentaje de solicitudes de la prestación que son rechazadas es "muy alto". "Si rechazamos a muchísimos solicitantes, los que quedan son atendidos en los tiempos previstos en la ley", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que se están pidiendo requisitos burocráticos que "hacen perder mucho tiempo" a los posibles beneficiarios, que puede demorar su resolución "seis o siete meses y de ahí en adelante", como el caso de un convenio regulador de una pareja separada, que en muchos casos se llega mediante "acuerdos no formales", y que es necesario solicitarlo a un juez.