En estas obras de conservación se incluyen bines muebles situados en municipios menores de 20.000 habitantes o entidades locales menores y que corresponden a la diócesis Mérida-Badajoz, siempre que no estén declarados de interés cultural o tengan expediente de declaración incoado a tal fin. El periodo de esta convenio finaliza el 31 de diciembre de 2018.

    Una vez constituida la Comisión de Seguimiento para perfilar los lugares concretos de actuación se acometerán las obras. Esta Comisión está integrada por dos representantes de cada una de las instituciones firmantes y las actuaciones se seleccionarán atendiendo a la gravedad de los daños, estado de conservación, urgencia y necesidad de actuación, entre otros parámetros.

    Miguel Ángel Gallardo destaca que es un convenio útil para la vida de la población pues “el patrimonio que representan las iglesias y parroquias de nuestros pueblos son un elemento esencial para el mundo rural y el turismo”, añadiendo que las iglesias “no son solo de sus fieles sino de todos los habitantes de cada pueblo, un elemento más del patrimonio turístico”.

     El presidente de la Diputación ha revelado que, en muchas ocasiones, son los alcaldes los que se tienen que esforzar en la reforma de sus templos, “de ahí la utilidad de este convenio”.

     El Arzobispo se ha mostrado contento con esta colaboración porque, además de lugares de culto las iglesias “encierran un componente cultural, histórico y artístico que nos afecta a todos, creyentes o no”.

     Respecto al apartado del convenio que establece medidas para la retirada de elementos de la sublevación militar, Guerra Civil y represión de la Dictadura, el compromiso es la asunción de la actuación que se incorporará al Catálogo de Vestigios del Comité Provincial de Expertos de la Memoria Histórica de la Diputación. Para la elaboración de dicho Catálogo el Arzobispado colaborará con el Comité facilitando el acceso a los templos y edificios parroquiales abiertos al público.

   En este sentido, Miguel Ángel Gallardo ha manifestado que este compromiso está establecido en el convenio, “si bien el objetivo principal es devolver el patrimonio en mejores condiciones sin que suponga un elemento de controversia”.