Víctor Sánchez del Real diputado nacional de VOX por la provincia de Badajoz ha presentado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno explique el alcance de las falsificaciones de Certificados de Registro de Ciudadanos de la Unión Europea que habrían servido para cobrar ayudas de manera ilegal.

El diputado fundamenta su pregunta en las detenciones que se han producido, algunas de ellas en Badajoz en el marco de una operación policial que ha terminado desarticulando una red que falsificaba certificados de extranjeros para cobrar ayudas.

Por último, el diputado solicita al Ejecutivo conocer cuántas personas se han podido beneficiar de la falsificación de estos documentos y qué acciones se están llevando a cabo para revisar los procedimientos de concesiones de ayudas en los que se hayan podido emplear los documentos falsificados.

En concreto los diputados han realizado la siguiente pregunta:

1. ¿Cuántos documentos han podido ser falsificados y, en consecuencia, empleados para la solicitud de diferentes tipos de ayudas?

2. ¿Cuántas personas han podido beneficiarse, directa e indirectamente, de la falsificación de estos documentos?

3. ¿Para qué actos jurídicos y para la obtención de qué documentación y ayudas se han empleado esos documentos falsificados?

4. ¿Qué datos constan de nacionalidad y status de residencia en España de los beneficiarios directos e indirectos de esta falsificación?

5. ¿Qué acciones administrativas se están llevando a cabo por la Administración General del Estado para revisar procedimientos de concesión de ayudas o similares en los que hayan podido emplear los documentos falsificados?

6. ¿A cuánto calcula el Gobierno que asciende la cuantía de ayudas o fondos que hayan podido defraudarse a la Administración General del Estado empleando esos falsos documentos?

7. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar en Gobierno para evitar que los documentos falsificados continúen sirviendo de base para obtener ayudas, subvenciones u otros documentos como permisos de residencia o de circulación?

El Gobierno dispone ahora, según el artículo 190 del Reglamento del Congreso, de un plazo de 20 días para responder, pudiendo prorrogarse este plazo a petición del Ejecutivo por otros 20 días más.