El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto el segundo expediente sancionador a la empresa Canal de Isabel II por incumplimientos en el contrato del servicio integral del agua ya que, al haberse superado el segundo año de la contrata, no se han subsanado las deficiencias de plantilla, medios materiales e inversiones por las que ya fue sancionada con 113.000 euros.

Así, los Servicios de Inspección municipal han elaborado un informe que refleja que esos incumplimientos, "algunos considerados graves", no han sido corregidos tras la primera sanción, por lo que se trata de infracciones "reiteradas" que podrían acabar en una multa mayor que la primera, según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno cacereño, Rafael Mateos, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local.

Mateos considera un asunto de "mayor gravedad", desde el punto de vista jurídico, el hecho de que la empresa que gestiona el servicio integral del agua haya reincidido y no haya subsanado los incumplimientos contractuales por los que se le apremió en su primer año de contrata.

Según ha mencionado el portavoz, en el informe se registran una decena de incumplimientos como son los relativos a la plantilla de trabajadores, que sigue estando por debajo de lo acordado, la flota de vehículos, la reposición de contadores, la "lentitud" en ejecutar inversiones para mejorar el servicio previstas en el contrato, la falta del plan director o que no se haya abierto una sede de la empresa en un lugar céntrico de la ciudad para facilitar el acceso a los cacereños.

Por todo ello, la Junta de Gobierno local ha decidido iniciar un nuevo expediente sancionador al que la empresa tendrá que dar respuesta y, en caso de no ser atendidas sus alegaciones, se procederá a una multa económica que se prevé mayor que la primera, al tratarse de una reiteración de los incumplimientos.

"Esto demuestra que estamos vigilantes para que se cumpla el contrato", ha recalcado Mateos, al ser preguntado sobre si ha habido nuevas conversaciones con la empresa tras su anuncio de que está analizando la posibilidad de abandonar el servicio en Cáceres y Lanzarote.

Según ha dicho, no ha habido "ningún contacto" con la empresa tras el que tuvo lugar entre la alcaldesa, Elena Nevado, y los responsables de Canal de Isabel II cuando se conoció esta posibilidad. No obstante, desde el Ayuntamiento de Cáceres se ha indicado que el contrato, que se firmó en marzo de 2015, no puede romperse hasta pasados los primeros cinco años por lo que no podría haber una decisión hasta 2020.

La Junta de Gobierno local también ha tomado la decisión de abrir un expediente sancionador a la concejala de Medio Ambiente, Infraestructuras Estratégicas y Servicios Públicos, Montaña Jiménez, por una "infracción grave" al no abstenerse en la comisión en la que se dirimía el futuro parque comercial de pequeñas superficies que se va a construir en unos terrenos de los que, en parte, son propiedad de sus padres.

Mateos ha reconocido que el no haberse abstenido en la votación en la que había una relación de parentesco con el asunto a tratar supone una infracción de la Ley de Transparencia 19/2013, y por ello la concejala será sancionada con la publicación de su infracción en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta circunstancia, según ha explicado el portavoz, no interfiere en su labor como concejala que seguirá desempeñando como hasta ahora ya que el Gobierno local no se plantea su cese.

No obstante, cuando se conoció este asunto, en el pasado mes de mayo, los grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú) pidieron la "dimisión inmediata" de la edil por entender que se había infringido la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público que contempla el parentesco como causa de abstención en una votación.

Entonces, el equipo de Gobierno defendía que Montaña Jiménez no había cometido ninguna irregularidad, aunque no volvió a participar en ningún proceso que tuviera que ver con el expediente del parque comercial. Cabe recordar que el voto en la comisión no fue decisivo para el resultado final de la propuesta pero, al existir una relación de parentesco, debería haberse abstenido según la normativa.

El proyecto del nuevo parque comercial que se prevé construir en los terrenos cercanos a la N-630, al lado del Carrefour, cubrirá una superficie total de 38.709 metros cuadrados, de los que alrededor de 9.000 pertenecen a los padres de la concejala.