Tras mostrar una "profunda preocupación" por las "elevadísimas" temperaturas que, según indica, deben soportar sus hijos e hijas en los centros escolares de la comunidad, el colectivo ha defendido también que a su juicio "han de mejorar" las "deficientes" instalaciones eléctricas de "muchos" centros que, según apunta, están "obsoletas" y que "no soportan un mínimo de aparatos eléctricos conectados simultáneamente".

En este punto, reconoce que existe un "conflicto de competencias" entre ayuntamientos y Junta de Extremadura que espera que "sepan subsanar por el bien" de los estudiantes.

En nota de prensa, incide también en que los centros educativos son "de los pocos edificios públicos que no cuentan con sistema de climatización", y se pregunta "qué pasaría si en cualquier despacho de una administración pública carecieran de climatización", o "si en la Asamblea de Extremadura los diputados experimentas en cualquiera de estos días a estar trabajando cinco horas, con actividad física incluida, sin aire acondicionado".

De igual modo, la asociación entiende que la situación de una subida "tan extrema" de las temperaturas es "sobrevenida", al tiempo que incide en que "no es difícil de prever por estas latitudes" y en que "no es una situación excepcional"; y alerta de que los estudiantes y sus docentes "tienen que soportar todos los años por estas fechas y, en ocasiones, a mediados de septiembre, temperaturas que rondan los 35 grados centígrados en los colegios e institutos".

Sin tener en cuenta, apunta, el rendimiento escolar, que según dice "ahora es prácticamente nulo", la asociación afirma que le "preocupa" la "situación de riesgo real que viven" sus hijos e hijas, y argumenta que el RD 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo establece que "la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC".

Al mismo tiempo, la asociación subraya que "no" se puede consentir que haya centros que "tengan aparatos donados por editoriales y padres" y "otros carezcan de ellos por la situación económica de las familias".

Finalmente, considera que tampoco es de "recibo" que sean los equipos directivos quienes --según afirma-- "tengan la responsabilidad de decidir si acortar la jornada o no", sino que esta decisión a su juicio debe ser "asumida" por la Consejería de Educación "con carácter general, asegurando el horario para aquellos alumnos que sus padres no puedan atenderlos".