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La Junta de Extremadura critica la ''aplicación fraudulenta'' de los plazos por parte del Gobierno en la DIA de Aguablanca
14 de Marzo | 14:22 - Redacción | Comentar
La Junta de Extremadura ha criticado la "aplicación fraudulenta" de los plazos por parte del Gobierno de España en relación a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la mina Aguablanca, localizada en Monesterio (Badajoz).

Así se ha pronunciado el consejero de Economía e Infraestructuras extremeño, José Luis Navarro, para quien esta "anormalidad absoluta", con un "grave perjuicio" para la región, tiene unos "responsables" en el Gobierno de España y en el Ministerio de Agricultura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Navarro ha aludido a dos normas nacionales de 2013, por un lado a la Ley de Garantía de Igualdad de Mercado y a la de Evaluación de Impacto Ambiental, que tomándolas como referencia en el caso de Aguablanca, se está entrando en una "contradicción clamorosa".

De esta forma, en la primera se fomenta la "agilidad administrativa", mientras que en la segunda se reduce los plazos a cuatros meses para la resolución de la evaluación de impacto ambiental, con una prórroga de dos más en los casos excepcionales.

"Pero es que el ministerio, vamos a decirlo con sus palabras, está haciendo una aplicación fraudulenta de estos plazos. Están esperando a que estén a punto de cumplirse los cuatro meses para hacer un nuevo requerimiento. Esto interrumpe el plazo y vuelve a poner el contador a cero", ha asegurado.

Aunque la posibilidad de requerir información está prevista en la normativa, el consejero extremeño ha sostenido que se debería hacer "con lealtad, con rigor y no en fraude de ley".

Así, José Luis Navarro ha indicado que la "única explicación" que se le ocurre para estos retrasos es que el Ministerio de Agricultura busque que la empresa propietaria de la mina se "aburra" de atender los requerimientos y diga "ya no contesto más".

Preguntado por si la Junta podría barajar acudir a la justicia sobre este asunto, el consejero ha indicado que el Ministerio de Agricultura "está siendo muy cuidadoso" y que la Junta de Extremadura, de lo que está "convencida", es de que "el espíritu de la ley es el que se está incumpliendo totalmente".

"El ministerio está siendo muy cuidadoso, y siempre manda el nuevo requerimiento cuando todavía no se han cumplido los cuatro meses que tiene para resolver. Por tanto, sería posible que una denuncia ante un juzgado, los jueces no interpretan voluntades o intenciones juzgan solo hechos, pues llegara a decir que se ha cumplido la ley", ha indicado.

REQUERIMIENTOS

El consejero extremeño ha recordado que el año 2014, la empresa Río Narcea solicitó iniciar los trabajos de explotación subterráneo en la mina extremeña, periodo en el que ha habido cuatro requerimientos de información, sin contar la última comunicación remitida por el Ministerio de Agricultura. En concreto, los requerimientos se han producido en febrero, abril y en agosto de 2016 y en febrero de 2017.

Así, y sobre la última comunicación en marzo, Navarro ha explicado que en dicho documento "es verdad" que por parte del ministerio se atiende una petición de ampliación de plazos pero también se introducen "nuevos requerimientos de información o se amplían los ya existentes". "Por lo tanto, que no se nos intente confundir", ha apuntado.

"PRUDENTE SILENCIO"

En su intervención, José Luis Navarro ha insistido en que la Junta de Extremadura ha mantenido un "prudente silencio" desde que empezó el proceso de la DIA de la mina Aguablanca, aunque ha considerado que la administración regional "no" puede "seguir tolerando tanta manipulación" y "tantos intentos burdos de falsear la realidad".

Así, ha considerado "escandalosa" la actitud del PP extremeño, que pretende "hacer comulgar con ruedas de molino" y que "intenta que parezca normal" que una empresa espere más de dos años para recibir una autorización para invertir y desarrollar una actividad económica.

En este punto, el consejero ha recalcado que el "principal interés" que mueve a la Junta de Extremadura es la defensa de los puestos de trabajo en la mina y de la actividad económica de la zona en la que se ubica la misma.

"La postura de la Junta es defender los intereses de Extremadura, exigir que se cumpla la ley, que se cumpla la ley pero de verdad, no con interpretaciones torcidas y fraudulentas y pedirle a quien tiene responsabilidades políticas que las asuma, que dé la cara y reconozca por qué no está actuando desde la responsabilidad que le corresponde", ha apuntado.

SORPRESA POR LAS DECLARACIONES DE HERRERA

En la rueda de prensa, Navarro ha mostrado su sorpresa por las declaraciones realizadas este lunes por la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, quien dijo que creaban "alarma social" las críticas sobre el retraso en la DIA, algo que para el consejero es "convertir al agredido al agresor".

Asimismo, y en respuesta al portavoz del PP de Extremadura, Fernando Pizarro, quien este lunes exigió que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se personase ante el Gobierno de España para solicitar que la resolución de la DIA fuera más ágil, el consejero extremeño ha considerado este argumento "ridículo".

"No hay ningún presidente autonómico que, desde las últimas elecciones, se haya reunido tantas veces y con tantos ministros del Gobierno de España", ha aseverado.

Preguntado por la petición de dimisión de la delegada del Gobierno formulada por el sindicato UGT Extremadura, José Luis Navarro ha indicado que él "no" entra en "este tipo de manifestaciones".


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